Desde el domingo, las denuncias por la falta de transparencia en la publicación de las actas electorales han sacudido las votaciones presidenciales en Venezuela que, según el oficialismo, ganó nuevamente Nicolás Maduro, y cuyos resultados no son reconocidos por la oposición.
El coletazo de las elecciones no solo impacta en las relaciones diplomáticas que Venezuela lleva con Colombia y que son neurálgicas para los dos países, que comparten la mayor frontera (2.200 kilómetros). También las mesas de negociación de paz que tiene el gobierno de Gustavo Petro con grupos armados, algunos de los cuales tienen al país vecino como garante o sede de algunos de los ciclos de diálogo.
De hecho, en su primera rueda de prensa con medios internacionales, Nicolás Maduro aseguró que ha mantenido comunicación con el mandatario colombiano para apoyar los procesos. “Lo ayudamos en silencio a hacer la paz en Colombia, como también lo hicimos con (el expresidente) Juan Manuel Santos y con Uribe”, le dijo Maduro a La W durante la conferencia.
En efecto, el rol de Venezuela en la paz de nuestro país tiene antecedentes de larga data. Fue allí, en la década de 1990 —primero con la entrega de armas del M-19 y luego con los diálogos de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar—, donde se inició la intervención internacional en las negociaciones, que luego le abriría la puerta a contribuciones de países como México, Cuba, Costa Rica, Estados Unidos, España, Alemania, entre otras naciones europeas.
Sin embargo, según explica el investigador Andrés Preciado, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el papel del país vecino no solo es clave por su apoyo a los diálogos, sino porque algunos grupos armados ilegales de origen colombiano tienen carácter binacional.
Varias estructuras de la guerrilla del ELN y algunas disidencias de las FARC hacen presencia en territorio venezolano, lo cual tiene implicaciones tanto en las dinámicas del conflicto como en desafíos adicionales ante una eventual desmovilización de estos grupos.
“Una desmovilización binacional es mucho más compleja de pensar, y también hay que reconocer que más allá de la agenda de paz esto tiene unas implicaciones para la seguridad. Ya se ha visto que en esa materia la situación es compleja, y caería muy mal una reactivación de la complejidad de la seguridad en la frontera con Venezuela”, indica Preciado, quien dirige el área de Conflicto y Violencia Organizada de la FIP.
Los sectores más críticos han dicho abiertamente que ese país, y más específicamente el régimen de Nicolás Maduro, han dado el visto bueno para ser “refugio” de miembros de grupos armados colombianos. La inestabilidad política y la falta de control en ciertas regiones fronterizas permiten que estas organizaciones ilegales encuentren un lugar seguro desde donde operar, lo que dificulta los esfuerzos del gobierno colombiano para desmantelar sus estructuras.
Y a ello se suma que, aunque las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela han mejorado con la llegada de Petro, en el acumulado de los años han sido, por decir lo menos, tensas, llegando incluso al cierre de las fronteras.
Así las cosas, cualquier cambio en la administración venezolana o en su política exterior podría alterar el equilibrio en las negociaciones de paz, ya que la cooperación o la falta de esta por parte de Venezuela puede influir en el comportamiento y las decisiones de los grupos armados.
¿Qué escenarios se abren con la reelección (o no) de Maduro para la paz en Colombia?
Actualmente, Venezuela está apoyando el diálogo del Gobierno Petro con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha tenido al menos dos rondas de negociación en Caracas; y la Segunda Marquetalia, cuyo primer ciclo también se dio en la capital, incluidas algunas reuniones previas que se desarrollaron en Puerto Ordaz.